Comentario

En la sociedad maya clásica existía una estricta división del trabajo, tanto en términos de edad y sexo como en función del rango y probablemente de acuerdo con las especializaciones adscritas a los diferentes linajes. Observaciones recientes indican que el agricultor maya yucateco trabaja en el campo solamente ciento noventa días al año, con una parcela o milpa de cuatro a cinco hectáreas de extensión. De esta manera consigue una cosecha regular que es suficiente para alimentar a toda su familia. Si aceptamos estos cálculos para la Antigüedad, el campesino dispondría de ciento setenta y cinco días para las actividades públicas y para los trabajos complementarios de la unidad doméstica. Mientras el hombre, ayudado por su esposa e hijos en las ocasiones precisas, trabaja la tierra, la mujer permanece en la choza preparando los alimentos, confeccionando los vestidos y cuidando de los hijos pequeños, del huerto anejo a la vivienda y de los escasos animales de corral.
Por tanto, la unidad mínima de producción era la familia campesina. En ella se producían alimentos mediante el cultivo de la milpa con técnicas de roza o barbecho a largo plazo, y se manufacturaban los enseres necesarios para el consumo en el hogar. De los excedentes de producción agrícola se apropiaba la clase dirigente, que utilizaba también la fuerza de trabajo del campesino para la construcción y los servicios en los centros ceremoniales y para el cultivo de parcelas destinadas a los señores o al intercambio estatal. En este sentido, es muy posible que el Estado maya mantuviera grandes plantaciones para la obtención de productos de especial significación económica. Entre éstos se hallarían el algodón, el copal y el cacao, bienes de prestigio y cuyo destino se restringía a las minorías gobernantes, a los rituales y al comercio, además de formar parte en ocasiones de la redistribución con que se cubrían ciertas necesidades populares. El sistema de trabajo en esas plantaciones pudo ser rotatorio y formar parte del tributo en servicios, o bien algunos trabajadores permanentes serían retribuidos con lo necesario para su sustento con cargo a los excedentes acumulados en los almacenes estatales.

Familias de artesanos dedicados por entero a esta actividad residirían en el entorno de las ciudades. Su producción era absorbida por el Estado, que los mantenía cuando no lo hiciese el grupo de parentesco de que procedían. Es decir, el trabajo artesanal, basado en la transformación de materias primas que suministraba el Estado, puede verse como un aspecto del tributo a que estaban sujetos los individuos y los grupos locales, o como una relación de dependencia directa entre el trabajador y el centro ceremonial.

La tierra debió ser desde los inicios del Formativo de propiedad comunal. El campesino ocuparía las parcelas necesarias seleccionándolas en las zonas elevadas y con mejor drenaje. A medida que fue aumentando la población, las tierras escaseaban y eran objeto de competencia entre los miembros de la comunidad. Para dirimir los conflictos, el grupo de parentesco del que salían los sacerdotes tomó a su cargo el control de la distribución del terreno cultivable, sistema que vino a resultar en un dominio efectivo del total de la tierra de la unidad social. El agricultor tenía que responder entonces de la producción de su milpa ante los funcionarios, conservaba lo necesario para el sustento de su familia y accedía a los bienes no productivos en su unidad doméstica a través del sistema de redistribución que le gratificaba por la entrega de sus excedentes.

En muchas sociedades antiguas o primitivas la organización jerarquizada de rango se asocia con la redistribución económica. En estos casos, las posiciones de rango derivan su status de los procesos de recolección centralizada de los excedentes locales, y ese surplus agrícola es intercambiado por el organismo estatal obteniendo así otros bienes que a su vez son redistribuidos entre la población campesina. Es evidente que un modelo de esta clase debe apoyarse en unos buenos canales para el tráfico de bienes y en el monopolio estatal de la actividad comercial.